La Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE) ha solicitado una reunión urgente con la Agencia Tributaria para abordar el creciente problema del fraude del IVA en las estaciones de servicio. A pesar de las reformas recientes en la Ley de Hidrocarburos, AESAE advierte que las prácticas fraudulentas continúan en aumento, perjudicando tanto a las gasolineras automáticas como a las tradicionales, y representando una amenaza para el erario público del país.
El fraude del IVA en las gasolineras no solo crea una competencia desleal para las empresas que cumplen con sus obligaciones fiscales, sino que también se traduce en una pérdida significativa de recaudación para el Estado. AESAE estima que el fraude implica una caída de ingresos de más de 1.200 millones de euros, fondos que podrían ser utilizados para financiar servicios públicos esenciales. Manuel Jiménez Perona, presidente de AESAE, ha destacado la necesidad de que la Agencia Tributaria actúe de forma rápida y decidida para combatir estas prácticas.
Para abordar esta situación, AESAE propone una serie de medidas a Hacienda, subrayando la importancia de instaurar un sistema fiscal de inspección más riguroso y ágil. Asimismo, aboga por una colaboración público-privada más estrecha que permita compartir información y mejorar los mecanismos de detección del fraude. En el ámbito de las sanciones, la asociación sugiere endurecerlas tanto a nivel económico como penal para las empresas involucradas en estos delitos.
Entre las propuestas de AESAE también se encuentra la idea de hacer responsables solidarios a aquellos que compran combustible a precios sospechosamente bajos, difundiendo públicamente esta información. Finalmente, la instauración de un buzón de denuncias ágil permitirá actuar con rapidez al detectar potenciales fraudes, antes de que la Agencia Tributaria tome medidas.
AESAE, que representa a las gasolineras automáticas en España, sigue comprometida en la promoción de un mercado competitivo, transparente y justo. La asociación reitera su disposición a cooperar con las autoridades para garantizar el cumplimiento normativo y defender los intereses de sus asociados.