La reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitida el 7 de noviembre de 2024 ha suscitado un intenso debate en torno a la Ley de la Segunda Oportunidad, especialmente en lo que respecta a la capacidad de los estados miembros para imponer restricciones sobre la exoneración de deudas con la Agencia Tributaria. Esta sentencia, que cobra vigencia en 2025, refuerza la potestad de los países para definir las condiciones bajo las cuales un deudor puede beneficiarse de esta normativa.
Uno de los puntos críticos abordados por la resolución es el concepto de «buena fe» del deudor. El TJUE ha señalado que no solo se debe considerar la honestidad del acreedor, sino también su diligencia financiera. En otras palabras, un deudor que, aunque sin malicia, haya gestionado de manera negligente sus finanzas podría quedar excluido de los beneficios de la ley. Esto significa que descuidos significativos, como no anticipar sus obligaciones de pago o no prevenir un endeudamiento excesivo, pueden ser motivos suficientes para negar la exoneración de la deuda.
Además, la sentencia del tribunal europeo permite a los estados ampliar la lista de excepciones de manera justificada, añadiendo categorías de deudas que pueden quedar fuera de la exoneración. Esto incluye la posibilidad de excluir deudas públicas, como las fiscales o relacionadas con la Seguridad Social. No obstante, para hacerlo, las normativas nacionales deben justificar estas exclusiones con base en un interés público legítimo, asegurando que no se incumple el principio de proporcionalidad.
La resolución subraya la importancia de que cualquier limitación impuesta sobre la exoneración de deudas sea proporcional y esté alineada con objetivos de interés público. En el caso de España, las deudas fiscales y con la Seguridad Social podrían tener un tratamiento diferencial, limitando su exoneración para proteger la equidad y la solidaridad social, aspectos clave en el marco de la Ley Concursal.
En conclusión, esta resolución del TJUE, al permitir que los estados miembros impongan restricciones adicionales sobre la exoneración de deudas, genera un impacto significativo en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad en España, especialmente para aquellos deudores con obligaciones fiscales pendientes. Se destaca la necesidad de que los deudores actúen con transparencia y diligencia, limitando así el amparo de la ley para quienes no cumplan con estos requisitos. La decisión es vista como un paso hacia la protección de los intereses públicos y la prevención de abusos en el sistema de exoneración de deudas.