El mercado inmobiliario español se prepara para un cambio significativo en 2025, gracias al anuncio del Plan Estatal de Vivienda que entrará en vigor en 2026, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este ambicioso plan contempla un incremento del presupuesto destinado a la vivienda pública, resaltando la necesidad de abordar la crisis habitacional que enfrenta el país.
No obstante, las cifras más recientes de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que, de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para 2024, solo se ha ejecutado un 41,6%, es decir, 1.738 millones. Ante este panorama, expertos del sector han hecho un llamado para una mejor planificación de los presupuestos destinados a vivienda.
Mercedes Blanco, miembro del equipo de dirección de Fincas Blanco y CEO de Vecinos Felices, subraya la importancia de contar con una planificación presupuestaria efectiva. «Aunque existan buenas intenciones y numerosas ideas, sin una planificación adecuada, estas iniciativas difícilmente podrán materializarse», advierte. Según Blanco, la creación de un plan de vivienda a largo plazo junto con un presupuesto coherente y transparente es esencial para garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible.
Entre las propuestas más destacadas del Gobierno se prevé la creación de una empresa pública de vivienda que comenzará a operar en el primer semestre del año, con la que se incorporarán más de 30.000 viviendas del conocido ‘banco malo’. De estas, 13.000 estarán disponibles de inmediato, mientras que el resto se integrará progresivamente. Para Blanco, el éxito de esta iniciativa radica en que el plan de actuación no se limite a metas a corto plazo, sino que considere una estrategia sostenible a medio y largo plazo.
Las proyecciones demográficas y los cambios sociales también son factores clave a la hora de diseñar medidas de largo alcance en el ámbito de la vivienda. Blanco destaca que el aumento de familias monoparentales y la creciente demanda de viviendas individuales son situaciones que deben ser abordadas, por ejemplo, aumentando la edificabilidad o permitiendo la segregación de fincas para fomentar una mayor densidad en áreas prioritarias. También enfatiza la necesidad de mejorar las infraestructuras para facilitar el acceso a viviendas ubicadas en las proximidades de las grandes ciudades.
Por otro lado, existen 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven que, a pesar de estar aprobados desde octubre, aún no han sido utilizados por diversas comunidades autónomas que esperan implementar sus convocatorias. Blanco se refiere a esta situación como «una necesidad imperiosa para garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible».
En cuanto a las licencias de cambio de uso de locales comerciales a vivienda, la experta sugiere que es fundamental fomentar estas transiciones mediante una financiación público-privada, aunque enfatiza que esta no debe depender exclusivamente de la colaboración del sector privado para los recursos económicos.
Blanco concluye advirtiendo que si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones al problema habitacional serán insuficientes, perpetuando una crisis estructural. Propone una reorganización en la distribución de los ingresos generados por el propio mercado inmobiliario, sugiriendo que una parte proporcional de estos se destine a políticas de vivienda en alquiler, dado que la vivienda genera ingresos significativos a través de impuestos y tasas.