Tras meses de intensas negociaciones con los agentes sociales, ha entrado en vigor el Real Decreto 1026/2024, una normativa que requiere a las empresas con más de 50 trabajadores desarrollar un plan de igualdad LGTBI. El principal objetivo de esta normativa es garantizar la implementación de medidas contra la discriminación y en favor de la igualdad para las personas LGTBI dentro del entorno laboral.
Ángela Antón, Legal Manager de Gi Group Holding, destaca que la norma se centra en ofrecer protección contra comportamientos LGTBIfóbicos, con especial atención a protocolos frente al acoso y la violencia en el trabajo. Además, busca erradicar estereotipos en los procesos de acceso al empleo mediante la formación adecuada de quienes participan en los procesos de selección. La normativa establece criterios concretos que aseguren el enfoque en la idoneidad y formación del candidato, sin importar su orientación sexual, identidad de género o expresión, subrayando la especial vulnerabilidad de las personas trans.
Para las empresas, la implementación de estas medidas se realizará a través de la negociación colectiva. Las medidas deben ser debatidas en el contexto de los convenios colectivos correspondientes. En el caso de convenios ya firmados antes de la activación del decreto, una comisión negociadora se encargará de discutir específicamente las nuevas medidas. Si no existe un convenio, las empresas con representación legal de los trabajadores procederán a negociar mediante acuerdos de empresa. En ausencia de convenio colectivo y de representación legal, será imprescindible la creación de una comisión negociadora compuesta por representantes de la empresa junto con representantes de trabajadores y sindicatos más representativos del sector.
El incumplimiento de esta regulación puede acarrear serias consecuencias para las empresas. Según la ley 4/2023 de 28 de febrero, se establece un régimen de infracciones y sanciones que va desde multas económicas, que oscilan entre los 200 y 150,000 euros, hasta otras sanciones como la prohibición de acceso a ayudas públicas por un año. Según Antón, estas medidas buscan asegurar el compromiso empresarial con la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI en el ámbito laboral.