Las nuevas regulaciones dirigidas a limitar la expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en España buscan mitigar sus efectos negativos, aunque su implementación hasta ahora no ha sido del todo efectiva. Actualmente, no hay certeza de que las viviendas que se liberen del mercado turístico sean realmente destinadas al alquiler residencial.
Según Rafael Santana, Director de K&N Elite Madrid, la proliferación de los pisos turísticos ha transformado significativamente el mercado inmobiliario español. «Este fenómeno ha generado tanto beneficios económicos como tensiones sociales, suscitando un amplio debate sobre su impacto que aún no se ha resuelto», explicó Santana. Agregó que la situación es contradictoria, ya que se limitan las actividades turísticas, pero no se protegen los derechos de los propietarios frente a ocupaciones o impagos del alquiler.
En 2024, se contabilizan más de 350.000 pisos turísticos, mostrando un crecimiento destacado en regiones como Andalucía, Cataluña y las Islas Baleares. En áreas como Santa Cruz, Sevilla o el distrito centro de Madrid, la concentración de VUT supera en algunos casos el 60% del parque residencial.
El auge de estos inmuebles ha tenido un impacto directo en el mercado de alquiler, con una disminución en la oferta y un aumento de precios. Ciudades como Sevilla o Barcelona han experimentado incrementos de casi un 10% en las zonas afectadas por la proliferación de VUT.
Estos pisos ofrecen una rentabilidad mayor y un cierto refugio frente a los riesgos de la ocupación ilegal y los impagos, lo que lleva a muchos propietarios a preferir destinarlas al alquiler turístico. En destinos como la Costa del Sol o las Islas Baleares, los ingresos mensuales de un piso turístico pueden ser superiores a los 2.500 euros, marcadamente por encima del alquiler tradicional.
En respuesta, tanto el gobierno central como los autonómicos han adoptado medidas regulatorias. Una de las principales es la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, permitiendo a las comunidades de vecinos vetar el alquiler turístico con una mayoría cualificada. En Madrid, el ayuntamiento ha endurecido las sanciones por operaciones ilegales, imponiendo multas de hasta 400.000 euros en casos severos. Las Islas Canarias han aprobado un anteproyecto de ley que obliga a destinar la mayor parte de la edificabilidad residencial a viviendas permanentes y prohíbe el uso turístico de viviendas protegidas.
No obstante, el panorama es complejo. Los pisos turísticos han inyectado miles de millones de euros a la economía local a través del gasto en alojamiento, restaurantes y ocio, pero también han provocado desertificación de barrios y tensiones entre residentes y turistas.
El desafío futuro reside en encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico derivado del turismo y la protección del derecho a la vivienda. Las nuevas regulaciones pretenden frenar la expansión de los VUT, pero su implementación plantea dificultades debido a la falta de inspecciones efectivas y la incertidumbre sobre el destino de las viviendas liberadas del mercado turístico.