Unifye SL explica cómo una ley sobre la venta de préstamos impagados no protegerá a los consumidores

Unifye SL Destaca Por Qué Una Nueva Ley Sobre Préstamos Impagados No Protege a los Consumidores

En un intento por aliviar la carga financiera de las personas en situaciones vulnerables, una nueva legislación ha sido implementada en España, permitiendo a aquellos endeudados establecer planes de reembolso razonables con los bancos. Sin embargo, esta esperanza de alivio podría estar en peligro debido a una enmienda que limita el acceso a estos beneficios al cambiar la definición de «vulnerabilidad».

Este cambio legislativo ha generado preocupación porque podría excluir a la mayoría de los consumidores españoles de las protecciones fundamentales al transferir los préstamos al consumo a agencias de cobro. María Petrache, de Unifye SL, ha manifestado inquietud por este enfoque, comparándolo con una ley similar introducida en el Reino Unido en 2005, donde la definición restrictiva de cliente vulnerable fue un punto de controversia.

Actualmente, en términos económicos, para ser reconocido como deudor vulnerable en España, uno debe estar recibiendo el Ingreso Mínimo Vital de 604,21 euros mensuales. Esta cifra no contempla las diversas circunstancias individuales que podrían afectar la capacidad de una persona para devolver sus préstamos. Con este ingreso, cubrir necesidades básicas como el alquiler, la comida o los suministros es sumamente complicado, especialmente en ciudades con un coste de vida alto como Madrid o Barcelona.

Para garantizar justicia, la evaluación debería considerar aspectos como las cargas familiares, los gastos médicos y educativos, además de otros desembolsos cotidianos. La vulnerabilidad no solo debería medirse por ingresos, sino también por la realidad económica de cada individuo.

La ley únicamente permite a los consumidores proponer planes de pago que se ajusten a sus capacidades financieras reales, asegurando un reembolso posible y manejable. Este es el objetivo central para cualquier deudor calificado como «vulnerable». Se aguarda con expectación el texto final de la ley, con la esperanza de que realmente ofrezca una protección eficaz para aquellos en situaciones financieras difíciles, reafirmando su propósito de amparar a los más necesitados.


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